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El 29 de mayo de 2026 venció el plazo para que los Estados miembros transpusieran la Directiva europea de eficiencia energética de edificios (EPBD, 2024/1275). Según el Green Building Council España, nuestro país había cubierto en esa fecha un 60 % de las 155 disposiciones que requieren transposición. Quedan por desarrollar, entre otras, el RITE, los pasaportes de renovación, las bases de datos de edificios y la infraestructura del indicador de preparación para lo inteligente (SRI, previsto para junio de 2027).

Desde Talat lo leemos así: la incertidumbre normativa no es una pausa, es una ventana. Los edificios que se proyectan hoy se entregarán cuando la directiva exija edificios nuevos de cero emisiones. Proyectar «a mínimos» de hoy es proyectar un activo que nace obsoleto.

Hace unas semanas, Accumin —desde su división de datos e inteligencia inmobiliaria— publicó un análisis que confirma algo que en TALAT llevamos años señalando desde la dirección facultativa: la eficiencia energética de un edificio no se decide en la fachada, se decide en sus instalaciones. Según su estudio, basado en certificados energéticos registrados ante el Ministerio para la Transición Ecológica, el 94,2% de las viviendas españolas presenta una calificación ineficiente (letras D a G), y un 67,3% se concentra solo en la letra E.

Esta misma semana se cumplen los dos meses que la Comisión Europea concedió a los Estados miembros, España incluida, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2024/1275 de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), tras abrir en julio un procedimiento de infracción contra los 27 países por no cumplir el plazo original del 29 de mayo. No es un trámite burocrático más: es la señal más clara hasta ahora de que Bruselas quiere acelerar, con fechas y sanciones de por medio, la descarbonización del parque construido antes de 2050.

La diferencia entre la dirección facultativa y la dirección de obra en un proyecto de construcción puede ser muy sutil, a veces, incluso hay quien considera que ambos conceptos son sinónimos.

Durante décadas, «prefabricado» sonaba a solución de urgencia o a caseta de obra. Eso está cambiando rápido, y no por moda: dos noticias recientes lo confirman con cifras muy concretas, una desde el mercado más grande del mundo y otra a menos de 300 kilómetros de nuestras oficinas.

Esta semana ha salido a la luz un dato que resume mejor que cualquier informe hacia dónde va la industria: DFactory Barcelona, el mayor polo de Industria 4.0 del sur de Europa, va a triplicar su superficie, pasando de 17.000 a 60.000 m² antes de que acabe el año, con una inversión de 50 millones de euros. El proyecto opera hoy a ocupación completa, con 44 empresas instaladas, y prevé generar 1.500 empleos directos y 5.000 indirectos tras la ampliación. En Cataluña, las empresas especializadas en Industria 4.0 ya suman 1.447 —el triple que hace cuatro años— y representan el 2,6% del PIB regional.

Hablamos mucho de algoritmos, pero la inteligencia artificial es, sobre todo, un problema de infraestructura. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el consumo eléctrico de los centros de datos se disparó un 17% en 2025, y el de aquellos dedicados específicamente a IA creció un 50% en el mismo periodo. La proyección para 2030 es aún más contundente: de 485 TWh a 950 TWh a nivel global, casi el doble en cinco años. Solo cinco grandes tecnológicas invirtieron más de 400.000 millones de dólares en 2025, una cifra que ya supera la inversión global en producción de petróleo y gas.

Este dato no es anecdótico para el sector industrial: significa que la IA se ha convertido, de facto, en un consumidor industrial de primer orden, con las mismas exigencias de red, potencia y planificación que una acería o una planta química.

La Agencia Internacional de la Energía acaba de publicar un dato que merece pararse a leer dos veces: en 2030, los centros de datos representarán cerca del 3% del consumo eléctrico mundial, tanto como todo Japón junto. Para sostener ese crecimiento, el mundo movilizará casi dos billones de dólares en infraestructura digital antes de que acabe la década. Solo en 2026, el gasto de las grandes tecnológicas en esta carrera podría alcanzar los 700.000 millones de dólares, frente a los 400.000 millones de 2025.

No es un dato abstracto ni lejano. España se ha convertido en uno de los epicentros de ese boom: el país ha atraído más de 34.000 millones de euros en inversión de centros de datos en apenas seis meses, con un pipeline de proyectos que ronda los 90.000 millones. Cada nuevo complejo que se anuncia trae consigo la misma pregunta de fondo, la que de verdad nos interesa como ingenieros: ¿de dónde va a salir toda esa energía, y cómo se gestiona sin que el planeta pague la factura?